La reciente sentencia emitida por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional marca un punto de inflexión en uno de los capítulos más oscuros y prolongados del sector transporte: la obligación judicial impuesta a Juan Hubieres y Fenatrano de entregar una rendición de cuentas completa sobre la administración que ejerce de las terminales de transporte de San Juan de la Maguana y Santo Domingo (Ana Valverde y Pintura) vinculadas a un préstamo otorgado en 2003 a ASODUMIN, cuya operación involucra a los socios de dicha Asociación de Transporte de dueños de minibuses de San Juan (Asodumin) llamados Transportes Tenguerengue en San Juan de la Maguana.
Después de más de dos décadas de reclamos ignorados, excusas evasivas y una administración cuya transparencia ha sido continuamente cuestionada, el tribunal no solo exigió la rendición de cuentas: designó al propio juez del tribunal como juez comisario, una decisión excepcional que evidencia la gravedad del caso y la desconfianza judicial frente al manejo de los demandados.
Pero la sentencia va todavía más lejos.
El tribunal impuso una astreinte de RD$10,000 pesos diarios —una multa coercitiva por cada día de retraso—, una medida que deja claro que la justicia dominicana no está dispuesta a tolerar un solo día más de opacidad, silencio o maniobras dilatorias.
Esta decisión revela, además, la magnitud de lo que podría haber detrás de casi 22 años sin presentar cuentas claras:
- ¿Por qué Hubieres y Fenatrano nunca entregaron los estados financieros?
- ¿Qué ocurrió realmente con los fondos administrados?
- ¿Por qué los socios de ASODUMIN y Transporte Tenguerengue tuvieron que recurrir a los tribunales para exigir algo tan básico como información sobre su propio patrimonio?
La sentencia trae consigo un mensaje poderoso: la era de la impunidad financiera dentro de ciertos gremios del transporte está llegando a su límite.
La figura pública de Juan Hubieres, que tantas veces ha denunciado abusos y arbitrariedades en otros sectores, hoy enfrenta una condena que desmonta el discurso y le exige por primera vez responder con hechos, no con proclamas.
Los socios han ganado un paso histórico. El tribunal ha hablado con claridad.
Ahora, la pregunta es si los demandados cumplirán, o si la astreinte —que crecerá diariamente— se convertirá en un nuevo capítulo de resistencia a la transparencia.
Lo que está en juego no es solo un informe contable.
Lo que está en juego es el derecho de una comunidad a saber qué se hizo con su dinero, cómo se administró, y por qué durante tantos años se negó la información. Este editorial denuncia, sin medias tintas, que ningún liderazgo social o gremial puede estar por encima de la obligación de rendir cuentas.
La sentencia es un aviso para todos: los tiempos cambiaron, y la transparencia dejó de ser opcional.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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