Santo Domingo.– Un tribunal de la jurisdicción correspondiente impuso este domingo medidas de coerción de 18 meses a varios de los imputados en el denominado caso Senasa, investigación que dirige el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción administrativa, fraude contra el Estado, asociación de malhechores y violación a las normas de contratación pública en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.
Tras conocer la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el juez dispuso prisión preventiva para algunos de los encartados a cumplirla en la cárcel de Najayo, mientras que a otros les impuso arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida del país, al considerar que existen indicios suficientes que los vinculan al entramado investigado y riesgos procesales que ameritan control judicial.
De acuerdo con el órgano acusador, la red habría operado aprovechando posiciones estratégicas dentro del sistema de salud estatal para desviar recursos públicos, manipular procesos administrativos y beneficiar intereses particulares mediante contratos irregulares y pagos indebidos, generando un grave perjuicio económico a las finanzas públicas y a los afiliados del sistema. Investigación que el Ministerio Público califica como un esquema de criminalidad administrativa organizada en perjuicio directo del Estado dominicano.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que cuenta con documentación financiera, peritajes contables, testimonios y evidencias digitales que sustentan la imputación y que la investigación se encuentra en una fase avanzada. La defensa, por su parte, rechazó los señalamientos y anunció que apelará las medidas impuestas.
El tribunal otorgó al Ministerio Público el plazo legal para concluir la investigación y presentar el acto conclusivo. La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes de corrupción más sensibles del sector salud, dada la naturaleza social del Senasa y su impacto directo en millones de ciudadanos. Las autoridades reiteraron que el proceso continuará con apego al debido proceso, mientras organizaciones de la sociedad civil han reclamado sanciones ejemplares y la recuperación de los fondos presuntamente sustraídos.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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