En la República Dominicana se ha vuelto peligrosamente común ver cómo imágenes, videos y fotografías de ciudadanos son difundidos masivamente en redes sociales, medios digitales y plataformas de mensajería sin el más mínimo respeto por su dignidad, privacidad o presunción de inocencia.
Hoy cualquiera graba.
Cualquiera publica.
Cualquiera acusa.
Y peor aún: cualquiera condena desde un teléfono celular.
Lo alarmante no es solamente la velocidad con la que se viraliza un contenido, sino la ligereza con la que muchas personas —incluyendo comunicadores, páginas digitales y supuestos “creadores de contenido”— exponen rostros, familias y reputaciones sin importarles las consecuencias humanas ni legales.
Se ha creado una cultura enfermiza donde el morbo genera más audiencia que la verdad.
En muchos casos:
- se publican fotos de personas detenidas sin condena;
- se exhiben menores;
- se difunden videos privados;
- se comparten imágenes sacadas de contexto;
- y se destruyen reputaciones antes de que un tribunal siquiera conozca el caso.
La presunción de inocencia parece haber desaparecido del debate público.
Ahora basta una denuncia, un video editado o una publicación viral para convertir a alguien en culpable social permanente.
Y lo más grave:
muchas veces quienes publican ni siquiera conocen el expediente, las pruebas o la realidad de los hechos.
La Constitución dominicana protege claramente:
- la dignidad humana,
- la intimidad,
- el honor,
- y el derecho a la propia imagen.
Sin embargo, pareciera que para algunos sectores eso dejó de importar. Las redes sociales han convertido el dolor humano en entretenimiento digital y la desgracia ajena en contenido monetizable.
Detrás de cada imagen expuesta irresponsablemente existe:
- una familia,
- hijos,
- padres,
- estabilidad emocional,
- trabajo,
- reputación,
- y una vida que puede quedar destruida incluso aunque luego se demuestre inocencia.
Porque la realidad es cruel:
una absolución judicial jamás tiene la misma viralidad que una acusación pública.
Muchos comunicadores olvidan que el derecho a informar no es licencia para humillar. El periodismo serio investiga, verifica y contextualiza. Lo contrario no es comunicación: es irresponsabilidad disfrazada de contenido.
Y la sociedad también tiene responsabilidad. Compartir imágenes privadas, videos sensibles o fotografías humillantes sin verificar hechos convierte a miles de ciudadanos en jueces improvisados de redes sociales.
Especialmente grave es la exposición de menores o de personas sometidas judicialmente sin sentencia definitiva. Ahí no solo existe irresponsabilidad ética; puede existir violación constitucional y penal.
La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Pero la libertad sin responsabilidad termina convirtiéndose en abuso.
La justicia no puede administrarse desde TikTok, Facebook, YouTube o grupos de WhatsApp. Los tribunales existen precisamente para evitar que las emociones colectivas sustituyan las pruebas y el debido proceso.
Porque cuando una sociedad normaliza destruir públicamente personas sin pruebas definitivas, deja de defender justicia y comienza a alimentar una peligrosa cultura de linchamiento digital.
Y cuando el espectáculo mediático pesa más que la dignidad humana, entonces no estamos frente a una sociedad informada, sino frente a una sociedad cada vez más deshumanizada.
Con Antoni
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
Formación. Verdad. Comunidad.
Impacto desde las aulas, los medios y la cancha.
