En toda sociedad que aspire al desarrollo sostenible, la educación no puede ser tratada como un asunto accesorio ni circunstancial. Se trata, por el contrario, de la columna vertebral del progreso económico, social y democrático. En ese contexto, surge una pregunta fundamental: ¿quién tiene la responsabilidad de trazar la política educativa de un país?
Desde una perspectiva jurídica y política, la respuesta es clara: el Estado es el principal responsable, y dentro de este, el Poder Ejecutivo desempeña el rol central. No es una atribución arbitraria, sino una obligación derivada del mandato constitucional que reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público esencial.
El diseño de la política educativa requiere planificación, continuidad, recursos y capacidad técnica. Estas condiciones solo pueden ser garantizadas por el Estado a través de sus órganos especializados, principalmente el Ministerio de Educación. Es allí donde se estructuran los currículos, se definen las estrategias pedagógicas y se ejecutan los programas que impactan directamente a millones de estudiantes.
Sin embargo, reducir la política educativa a una función exclusiva del Ejecutivo sería un error peligroso. En una democracia, el poder no es absoluto ni concentrado. El Poder Legislativo establece el marco legal que da forma y legitimidad a la política educativa, mientras que el Poder Judicial actúa como garante de los derechos fundamentales, corrigiendo desviaciones y evitando arbitrariedades.
Este equilibrio no es un simple formalismo institucional; es la garantía de que la educación no será utilizada como herramienta de control político ni como instrumento de intereses particulares. La política educativa debe responder al interés general, no a agendas coyunturales.
A esto se suma un elemento indispensable: la participación de la sociedad. Padres, docentes, académicos y organizaciones civiles deben ser parte del proceso, no como actores decorativos, sino como voces activas que enriquecen la toma de decisiones. Una política educativa construida sin escuchar a la comunidad está condenada al fracaso.
En países como la República Dominicana, donde la educación sigue siendo un desafío estructural, este debate adquiere mayor relevancia. No basta con definir quién tiene la competencia formal; es imprescindible exigir responsabilidad, transparencia y resultados.
En definitiva, la política educativa no es solo una función administrativa del Estado. Es un compromiso ético, jurídico y social con el presente y el futuro de la nación. De su correcta orientación depende no solo la calidad de la enseñanza, sino el tipo de sociedad que se construye.
Porque al final, trazar la política educativa no es simplemente gobernar la educación: es definir el destino de un país.
Este editorial nace de un comentario realizado por el locutor Jenchy Suero y múltiples comentarios realizados por ciudadanos que supones son docentes igual que Yo, pero que no queremos escuchar a nadie decir lo que entiende de nuestro proceder en el sistema educativo.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
Formación. Verdad. Comunidad.
Impacto desde las aulas, los medios y la cancha.
