El Plan San Juan nació como una promesa de redención histórica para una de las provincias más empobrecidas y olvidadas del país. Anunciado con cifras millonarias, discursos esperanzadores y la bandera del desarrollo agrícola, el plan fue presentado como una política pública transformadora. Sin embargo, a varios años de su implementación, una pregunta sigue sin respuesta clara: ¿ha sido realmente un instrumento de desarrollo o solo un paliativo financiero con serios déficits de transparencia y rendición de cuentas?
No se trata de negar que recursos han llegado a San Juan. Eso sería intelectualmente deshonesto. El problema está en cómo han llegado, a quiénes han llegado y bajo qué criterios.
Créditos blandos, pero reglas duras… para pocos
La política de préstamos del Plan San Juan se ha basado principalmente en créditos blandos, saneamiento de deudas y financiamiento a tasa preferencial. En el papel, la idea es correcta: rescatar a productores históricamente excluidos del sistema financiero. En la práctica, sin embargo, el crédito ha mostrado debilidades estructurales preocupantes.
No existe un marco público y verificable que explique con claridad:
- cómo se seleccionan los beneficiarios,
- qué sectores productivos son priorizados,
- ni cuáles indicadores determinan el éxito o fracaso de los préstamos otorgados.
Esta ausencia de reglas claras abre la puerta a la discrecionalidad, al trato desigual y a la percepción —cada vez más extendida en la provincia— de que no todos los sanjuaneros compiten en igualdad de condiciones para acceder a los recursos del plan.
Más grave aún: en muchos casos, los préstamos han sido entregados sin acompañamiento técnico, sin seguimiento productivo y sin evaluación de impacto, convirtiendo el crédito en un simple alivio temporal. Así, lejos de romper el ciclo de pobreza, se corre el riesgo de refinanciarla indefinidamente.
Rendición de cuentas: el gran ausente
Una política pública que maneja miles de millones de pesos no puede sustentarse solo en notas de prensa y actos oficiales. Sin embargo, el Plan San Juan carece de informes financieros periódicos, consolidados y accesibles a la ciudadanía.
No se publican de forma sistemática:
- listados de beneficiarios,
- montos otorgados,
- tasas de recuperación de los préstamos,
- ni evaluaciones independientes de impacto social y económico.
Sin datos, no hay evaluación.
Sin evaluación, no hay mejora.
Y sin rendición de cuentas, la confianza pública se erosiona.
La información existe, pero está dispersa, fragmentada y, en muchos casos, comunicada más como propaganda que como ejercicio de transparencia.
¿Desarrollo o centralización del poder?
Otro aspecto preocupante del Plan San Juan es su modelo de gobernanza altamente centralizado. No existe un órgano independiente de fiscalización ni una veeduría ciudadana permanente. La sociedad civil, las universidades, las iglesias y las organizaciones comunitarias han tenido una participación marginal, cuando no simbólica.
Esto convierte al plan en un instrumento excesivamente dependiente de la voluntad política del gobierno de turno, vulnerable al uso electoral y distante del control social que debería acompañar toda inversión pública de esta magnitud.
¿Quiénes ganan y quiénes quedan fuera?
Los principales beneficiarios han sido:
- productores medianos con capacidad formal,
- sectores con mayor cercanía institucional,
- actores con acceso a información y redes.
Mientras tanto, muchos pequeños agricultores informales, productores sin títulos de propiedad y comunidades rurales más empobrecidas siguen esperando su turno, reproduciendo las mismas desigualdades históricas que el plan prometía superar.
Una oportunidad que aún puede corregirse
El Plan San Juan no es un fracaso absoluto, pero tampoco es el modelo ejemplar de desarrollo que se anunció. Ha tenido buenas intenciones, pero carece de los pilares fundamentales de una política pública moderna: transparencia, evaluación y rendición de cuentas.
Aún hay tiempo para corregir el rumbo:
- publicar informes financieros trimestrales,
- transparentar los beneficiarios,
- someter el plan a auditorías independientes,
- y separar definitivamente la política de préstamos del ciclo político-electoral.
Porque el desarrollo no se decreta, se construye con reglas claras, control social y respeto a la inteligencia de la gente.
San Juan no necesita más discursos; necesita verdad, equidad y cuentas claras.
Continua con una serie de 3 artículos mas, espero les den continuidad.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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