Durante las últimas tres décadas, la República Dominicana vivió uno de los procesos de transformación económica más profundos de su historia: la privatización —o capitalización— de empresas estatales. Este proceso, iniciado formalmente a finales de los años noventa, cambió el rol del Estado dominicano, que pasó de ser empresario directo a regulador y facilitador. Sin embargo, sus resultados han sido desiguales y, en algunos casos, profundamente cuestionables.
La privatización no surgió en el vacío. A mediados de los años noventa, el país arrastraba un aparato estatal sobredimensionado, ineficiente y altamente deficitario. Sectores como la electricidad, el azúcar y la manufactura estatal drenaban recursos públicos sin ofrecer servicios de calidad. En ese contexto, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández (1996–2000), se aprobó la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, dando inicio al proceso más ambicioso de privatización en la historia nacional.
El sector eléctrico fue el eje central de esa reforma. La antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue desintegrada y dio paso a empresas de generación y distribución capitalizadas con inversión privada. La promesa era clara: reducir apagones, mejorar la eficiencia y aliviar la carga fiscal del Estado. A más de veinte años, el balance es contradictorio. Aunque aumentó la capacidad instalada y se modernizó parte del sistema, el país continúa atrapado en un esquema de altos subsidios, pérdidas técnicas y financieras, y tarifas impopulares. El Estado dejó de producir energía, pero nunca dejó de pagarla.
Más dramático fue el caso del sector azucarero. La privatización de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no significó modernización ni competitividad. Por el contrario, supuso el colapso de una industria histórica, la pérdida masiva de empleos rurales y el abandono de vastas zonas productivas. Aquí la privatización no fue una solución, sino una liquidación sin estrategia de reconversión económica ni protección social.
En contraste, los resultados en turismo y transporte aéreo muestran que el problema no fue la participación privada en sí, sino cómo y dónde se aplicó. La concesión de hoteles estatales y aeropuertos permitió atraer inversión, elevar estándares de calidad y aumentar ingresos fiscales. El Estado entendió que no debía administrar hoteles ni terminales aéreas, sino regularlas con firmeza y transparencia. Estos sectores se convirtieron en ejemplos de privatización funcional.
Con el paso del tiempo, incluso los gobiernos posteriores han reconocido los errores. La recompra total de Refidomsa bajo la actual administración evidencia que algunas privatizaciones estratégicas fueron mal concebidas. Hoy, el debate no debería centrarse en si privatizar o no, sino en qué, cómo, con qué regulación y en beneficio de quién.
La experiencia dominicana deja una lección clara: la privatización no es una política milagrosa. Sin instituciones fuertes, regulación efectiva y visión social, puede convertirse en una transferencia de activos públicos sin retorno colectivo. El verdadero desafío sigue siendo construir un Estado eficiente que sepa cuándo producir, cuándo regular y cuándo ceder, siempre con el interés público como norte.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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