San Juan de la Maguana.- La sentencia de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional no es un simple fallo civil: es una señal de alarma institucional sobre el manejo prolongado y opaco de recursos colectivos dentro del sector transporte dominicano. El tribunal ordenó a Juan Hubieres Del Rosario y a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) rendir cuentas por la administración de las terminales de transporte asumidas mediante el contrato de préstamo firmado en 2003 con ASODUMIN que no dice ni cuando termina, cuanto se pagaría mensual y mucho menos en el porciento a pagar y por lo cual las rutas de los socios están en garantía, tras una acción iniciada por socios de Transportes Tenguerengue, en San Juan de la Maguana, según nota de prensa.
Durante más de 22 años de administración de las terminales de Tenguerengue en San Juan de la Maguana, Santo Domingo (Ana Valverde y Pintura) nunca han recibido cuentas claras de parte de Fenatrano y Juan Hubieres como administrador de estas; por lo que, un grupo de socios reclaman sin éxito acceso a información básica sobre ingresos, egresos, inversiones y destino de los fondos administrados. Solo la vía judicial logró romper el silencio. Y no fue una orden cualquiera: el tribunal impuso una astreinte de RD$10,000 diarios por cada día de retraso, una sanción económica severa que evidencia la gravedad del incumplimiento y la resistencia histórica a la transparencia.
Más contundente aún resulta el hecho de que el juez del tribunal se autodesignara como juez comisario, asumiendo personalmente la recepción, supervisión y validación de los informes. En la práctica judicial, esta medida se adopta cuando el tribunal considera que no existen garantías de cumplimiento voluntario, ni confianza suficiente en la entrega espontánea y completa de la información.
Según estimaciones documentadas por los propios socios demandantes, durante el período bajo administración se habrían manejado aproximadamente RD$800 millones en ingresos relacionados con las terminales y operaciones derivadas del contrato. Frente a esa cifra, la pregunta que hoy recorre San Juan de la Maguana y trasciende fronteras es directa y demoledora: ¿dónde están esos recursos y cómo fueron utilizados?
No se trata de una acusación penal —aún—, pero sí de un cuestionamiento legítimo y fundado, ahora respaldado por una sentencia judicial que reconoce el derecho de los socios a conocer el destino de su patrimonio colectivo. La justicia no ordena rendición de cuentas sin causa; lo hace cuando existen indicios de opacidad, administración prolongada sin controles y negación sistemática de información.
Este caso expone un patrón estructural que organismos internacionales han señalado en otros países: liderazgos gremiales fuertes, administraciones prolongadas, ausencia de auditorías independientes y concentración de poder sin contrapesos reales. Que un tribunal dominicano haya tenido que intervenir directamente para forzar transparencia es, en sí mismo, un síntoma grave. Pero peor aún es, que haya tenido que intervenir un tribunal fuera de la jurisdicción debe llamar más la atención a los jueces. según los demandantes Cámara Civil de San Juan de la Maguana, le dice que si que tienen derechos como socios y luego la misma cámara se contradice porque le dice que no.
La sentencia no solo interpela a Hubieres y Fenatrano. Interpela al Estado, a los reguladores y al sistema de control institucional, que durante décadas permitieron que la administración de recursos colectivos operara sin rendición pública, sin auditorías periódicas y sin mecanismos efectivos de supervisión.
Hoy, la justicia ha puesto un límite.
Mañana, la documentación que llegue —o no— al juez comisario determinará si este caso se cierra como un acto tardío de transparencia o se convierte en el punto de partida de responsabilidades mayores.
Porque cuando aproximadamente RD$800 millones se administran según los demandantes durante 22 años sin informes claros, el silencio deja de ser administrativo y se convierte en un problema de interés público.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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