Lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no es un simple “caso administrativo”, ni una irregularidad menor subsanable con excusas técnicas. Es, según los propios expedientes del Ministerio Público y los datos divulgados públicamente, uno de los golpes más graves contra el patrimonio sanitario del Estado dominicano, con un perjuicio que supera los RD$15,900 millones de pesos. Estamos ante un saqueo estructurado, con visos de criminalidad organizada desde el poder, que compromete principios constitucionales, derechos fundamentales y la credibilidad del sistema de protección social.
Un fraude con ropaje institucional
El caso SeNaSa revela un patrón clásico de corrupción institucionalizada: uso abusivo del cargo público, manipulación de procesos administrativos, contratos direccionados, pagos sin sustento real y drenaje sistemático de las reservas técnicas de la principal aseguradora pública del país. No se trata de errores contables; se trata de decisiones deliberadas que, según la acusación, beneficiaron a empresas privadas y a funcionarios con capacidad de mando.
Desde una perspectiva jurídica, los hechos descritos encajan —prima facie— en figuras como prevaricación administrativa, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, lavado de activos y violación a la Ley 340-17 de Compras y Contrataciones, además del quebrantamiento del deber de probidad consagrado en la Constitución.
El crimen social detrás de los números
Cuando se desvían miles de millones de pesos de SeNaSa, no se roba dinero abstracto:
se roba medicamentos,
se roba consultas,
se roba tratamientos oncológicos,
se roba dignidad a millones de dominicanos pobres y de clase media que dependen del seguro estatal para vivir.
La erosión de las reservas técnicas no es un asunto técnico-financiero: es una amenaza directa al derecho fundamental a la salud. Cada peso sustraído reduce la capacidad del sistema para responder a emergencias, pagar a prestadores, garantizar cobertura y sostener el régimen subsidiado. Este daño no es colateral; es el corazón del delito.
Responsabilidad política y no solo penal
Aunque los tribunales deberán determinar responsabilidades individuales, la responsabilidad política ya está planteada. La corrupción en SeNaSa no ocurrió en un vacío: ocurrió bajo estructuras de dirección, supervisión y control que fallaron —o peor aún— fueron capturadas. El Estado no puede conformarse con imputaciones selectivas ni con el sacrificio de “chivos expiatorios”.
En un Estado democrático, la administración de la seguridad social exige estándares más altos que cualquier otra área, porque gestiona derechos, no negocios. Quien convierte la salud pública en botín, traiciona el mandato constitucional y erosiona el pacto social.
El mensaje peligroso de la impunidad
Si este caso no culmina con condenas ejemplares, recuperación del dinero robado y reformas profundas, el mensaje será devastador: que incluso la salud de los más vulnerables puede ser negociada en los pasillos del poder. La impunidad, en este contexto, no solo es una falla judicial; es una violencia institucional continuada.
La sociedad dominicana no puede aceptar acuerdos blandos, dilaciones estratégicas ni silencios cómplices. Cada día sin justicia es un día más de descrédito para el sistema público.
Conclusión: la salud no se negocia
El caso SeNaSa debe marcar un antes y un después. O se convierte en un precedente histórico de sanción real al saqueo del Estado, o pasará a engrosar la larga lista de escándalos que confirman que la corrupción sigue teniendo licencia cuando se viste de poder.
Porque robar en salud pública no es solo corrupción:
es un crimen social, ético y político.
El autor es: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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