En el sistema educativo dominicano se habla mucho de calidad, evaluación y profesionalización docente. Sin embargo, existe una contradicción estructural que rara vez se aborda con honestidad: el incumplimiento sistemático del año de inducción docente establecido en el Reglamento del Estatuto Docente.
La normativa es clara. El Decreto No. 639-03, que regula el Estatuto Docente, establece que el ingreso a la carrera docente no es definitivo, aun después de aprobar un concurso de oposición. Todo docente debe cumplir un período probatorio de un (1) año, durante el cual es evaluado en su desempeño real en el aula. Solo tras una evaluación satisfactoria se adquiere la condición plena de docente de carrera.
No es una sugerencia. No es una política opcional. Es una obligación legal vigente.
Sin embargo, en la práctica, el sistema ha convertido el período probatorio en una formalidad vacía. El docente es nombrado, asume funciones plenas y adquiere estabilidad de facto, sin que exista una evaluación con consecuencias reales al finalizar el primer año. La inducción se reduce a talleres aislados, cursos virtuales o jornadas de bienvenida, confundiendo deliberadamente capacitación con evaluación probatoria.
Aquí está el núcleo del problema:
La inducción, según la ley, no es solo acompañar; es decidir.
Decidir si el docente confirma o no su ingreso a la carrera.
Pero el sistema no decide. Evalúa sin consecuencias. Acompaña sin corregir. Induce sin filtrar.
Las razones son conocidas, aunque poco admitidas: presiones sindicales, temor administrativo al conflicto, y una cultura institucional que ha normalizado el ingreso automático como si fuera un derecho adquirido. El resultado es devastador para la carrera docente: se debilita el principio de mérito, se vacía de contenido el concurso de oposición y se traslada el problema de calidad al aula, al estudiante y al currículo.
Paradójicamente, luego se exigen resultados, se aplican evaluaciones de desempeño años después y se responsabiliza al docente de fallas que el propio sistema permitió desde su ingreso.
La inducción docente no es un castigo ni una trampa. Es un acto de responsabilidad institucional. Es el único momento legal en el que el sistema puede corregir, orientar o detener a tiempo un ingreso inadecuado, sin violentar derechos adquiridos.
Ignorarla no es neutral. Es una decisión política que debilita la educación pública.
Si queremos hablar seriamente de calidad educativa, el debate no puede comenzar en la evaluación del desempeño a los diez años de servicio. Debe comenzar donde la ley manda: en el primer año.
Sin inducción con consecuencias, no hay carrera docente.
Solo hay nombramientos administrativos disfrazados de meritocracia.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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