Cuando el gobierno anunció el Plan San Juan, lo presentó como una respuesta histórica a décadas de pobreza, exclusión y abandono estatal. La promesa fue clara: transformar la estructura productiva de la provincia mediante inversión pública, acceso al crédito y apoyo directo a los productores. En el centro de esa promesa estuvo la política de préstamos, concebida como el motor financiero del desarrollo. Sin embargo, a varios años de su implementación, es legítimo preguntarse si esa política ha sido realmente una palanca de transformación o simplemente un paliativo financiero sin reglas claras.
El crédito público no es, por sí solo, desarrollo. Es una herramienta. Su impacto depende de cómo se diseña, a quién se dirige y bajo qué criterios se evalúa. En el caso del Plan San Juan, la política de préstamos ha mostrado una debilidad fundamental: carece de un marco público, transparente y verificable de priorización. No existe un documento accesible que explique con claridad quiénes califican, qué sectores productivos son estratégicos o cuáles indicadores determinan el éxito de los préstamos otorgados.
Esta ausencia de reglas claras abre la puerta a la discrecionalidad. No necesariamente a la ilegalidad, pero sí a la arbitrariedad. En una provincia históricamente marcada por la desigualdad, esto tiene consecuencias profundas: no todos los sanjuaneros acceden al crédito en igualdad de condiciones. Los productores medianos, con mayor formalidad y cercanía institucional, tienden a beneficiarse más que los pequeños agricultores informales, precisamente aquellos que el plan decía priorizar.
Otro problema estructural es el uso del crédito sin acompañamiento técnico suficiente. Otorgar préstamos sin asistencia continua, sin seguimiento productivo y sin evaluación de rentabilidad convierte el financiamiento en un simple alivio momentáneo. En lugar de romper el ciclo de pobreza, se corre el riesgo de refinanciarlo, trasladando el problema al futuro y al Estado.
El saneamiento masivo de deudas, aunque socialmente comprensible, también plantea interrogantes. Cuando no va acompañado de cambios estructurales en productividad, comercialización y capacitación, puede generar una peligrosa cultura de dependencia, donde el productor espera el próximo rescate estatal en lugar de construir sostenibilidad económica.
El crédito público debe ser exigente, no punitivo. Exigente en planificación, en seguimiento y en resultados. De lo contrario, pierde su carácter transformador y se convierte en gasto asistencial encubierto.
El Plan San Juan aún está a tiempo de corregir este rumbo. Pero para hacerlo, necesita abandonar la lógica del anuncio político y asumir la disciplina de una política pública moderna: reglas claras, evaluación permanente y enfoque real en los más vulnerables. Sin eso, los préstamos seguirán fluyendo, pero el desarrollo seguirá esperando.
El autor: José Antoni Fernández Puello Educador | Periodista | Deportista
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